En defensa propia

El sábado pasado, en la Convención del Partido Colorado, el diputado Gustavo Cersósimo dijo algo que me parece profundo y verdadero: “los partidos políticos son a la democracia, lo que la familia es a la sociedad”. No hay democracia sin partidos políticos; no hay democracia que funcione bien, con partidos que funcionen mal. Por lo tanto, hay que ocuparse de los partidos, hay que cuidarlos, hay que mantenerlos en forma para que puedan responder a las legítimas expectativas de la ciudadanía.

Un deber elemental de los partidos para con los ciudadanos es el de proceder con seriedad y coherencia, de manera que cuando anuncian que van a actuar de determinada manera, se pueda confiar en que así será. La confianza de la ciudadanía en sus representantes políticos es de importancia vital para las instituciones y para la democracia. Y no puede haber confianza, si los partidos resuelven hoy una cosa y mañana sus dirigentes hacen otra.

Lo anterior viene a cuento a propósito de este lamentable episodio en el cual la Convención colorada debió sancionar a dos dirigentes maragatos, los Sres. Zunino y Fajardo, por haber celebrado un acuerdo electoral con los blancos de su departamento, sin la autorización de la Convención y aún en contra de la línea política general de acción definida por ella.

El hecho de la existencia del acuerdo es innegable: ya están impresas las listas con las cuales la agrupación 151515, votando con el número 22151515 bajo el lema Partido Nacional, apoya la candidatura del nacionalista Falero a la Intendencia de San José. Por su parte, el Sr. Fajardo será candidato a alcalde de Libertad por la lista 122151515, también bajo el lema Partido Nacional. El acuerdo político electoral está pues a la vista; desconocemos si, en el caso de ganar el Partido Nacional en San José, dicho entendimiento se proyectará también sobre el plano administrativo, pero es de presumir que así habrá de ser.

La Convención Nacional del Partido Colorado nunca autorizó ese acuerdo, ni ningún otro. Todo lo contrario: en su sesión del día 19 del pasado mes de diciembre, la Convención había exhortado “a los colorados de todo el país, a trabajar por las candidaturas del partido en los diecinueve departamentos de la república”.

De acuerdo con el artículo 10 de la nueva Carta Orgánica del Partido Colorado (aprobada en el año 2007), podrá ser sancionado hasta con la expulsión del partido el afiliado a él que cometa “actos graves de indisciplina”. A continuación, la propia norma establece que se considerará acto grave de indisciplina –entre otros-, la celebración de acuerdos electorales o de gobierno, no habilitados por el partido.

No cabe ninguna duda razonable, pues, acerca de que la agrupación colorada 151515 de San José, celebró un acuerdo electoral con los blancos no autorizado por la Convención y cometió de esa manera un acto grave de indisciplina, que pudo ser sancionado hasta con la expulsión de los responsables. Y dicho sea de paso: en política, los responsables son siempre los dirigentes y no los dirigidos, aunque estos hayan apoyado a aquellos cuando tomaron la decisión equivocada. No es justo, ni mucho menos elegante, que quienes encabezan una agrupación pretendan hacer solidariamente responsables de sus yerros a sus leales seguidores.

Ante la evidencia del acuerdo indebido, algunos pretenden que lo que hay que hacer es mirar para otro lado y disculparlo todo, en nombre de la “libertad” y la “tolerancia”. Están profundamente equivocados. El Partido Colorado –como cualquier partido político- tiene sus normas, aprobadas por su órgano soberano, que es la Convención. No hay “libertad” para cumplir o no cumplir las normas, según a cada uno se le antoje o le convenga. ¿Para qué pasamos meses discutiendo la nueva Carta Orgánica, si cumplirla o no cumplirla va a quedar “a gusto del consumidor? Por supuesto, nadie está obligado a permanecer en el Partido Colorado si no está de acuerdo con las normas que rigen su funcionamiento, o con los criterios que inspiran su acción política. Pero quienes integran el partido y forman parte de sus órganos (los Sres. Zunino y Fajardo son convencionales y el Sr. Zunino es, además, miembro suplente del Comité Ejecutivo Nacional) tienen el deber de respetar la indispensable disciplina partidaria, sin la cual no hay coherencia en los partidos ni podría el pueblo depositar su confianza en ellos.

Casi está demás decir que la “libertad de opinión” o de “expresión” no tiene nada que hacer en este debate. Lo que la Convención colorada juzgó y sancionó fueron actos, no opiniones. Es lícito criticar las normas y trabajar para cambiarlas, pero mientras estén vigentes hay que cumplirlas.

Se equivocan también quienes pretenden equiparar el acuerdo de referencia, con la decisión del CEN de recomendar el voto por la fórmula Lacalle-Larrañaga en la segunda vuelta de las pasadas elecciones. En esa segunda vuelta no participaban los candidatos colorados, y además, no se celebró acuerdo alguno, sino que el CEN se limitó a dar su parecer, recomendando el voto por la que entendió que era la mejor alternativa.

¿Que hay otros ciudadanos, de notoria filiación colorada, integrando listas blancas en otros departamentos? ¿Que también hay colorados que en departamentos como Canelones, por ejemplo, trabajan por el Frente Amplio? Si alguien denuncia estos casos a la Comisión de Ética, seguramente serán analizados y juzgados como corresponde. Pero ello, sin perder de vista que el partido sólo puede sancionar a quienes están afiliados a él, y no a los meros votantes o simpatizantes, por notoria que sea su identificación política.

Vale la pena agregar que los convencionales sancionados tuvieron todas las garantías para defenderse y explicar su proceder. Lo que ocurre es que no lograron justificarlo, ante la evidencia de los hechos y la claridad de las normas aplicables. Además, el Sr. Zunino ya había sido sancionado por haber votado con los blancos en el año 2005 (el secretario General era entonces el Dr. Sanguinetti) por lo que sabía perfectamente a lo que se exponía.

Algunos señalan en tono crítico que los cinco miembros de la Comisión de Ética y Conducta Política son integrantes de Vamos Uruguay, como si eso hubiera perjudicado las garantías de que gozaron los inculpados. Olvidan que los propios Sres. Zunino y Fajardo fueron elegidos convencionales por Vamos Uruguay. Si acaso, pudo haberse dicho que la integración de la Comisión los beneficiaba indebidamente.

La sanción impuesta fue benigna: si los dirigentes nombrados no rescinden su acuerdo con los blancos, se les removerá automáticamente de los cargos partidarios que ocupan. Más que una sanción, es legítima defensa: no deben poder incidir en las decisiones que toman los órganos del Partido Colorado, quienes están trabajando para que ganen los blancos.

No es grato tratar estos temas, pero hay que hacerlo. El Partido Colorado es un partido serio y su Convención acaba de demostrar que está resuelta a actuar en consecuencia. Es bueno que la ciudadanía lo sepa.