Y reprimieron, nomás

Si la actuación policial del martes pasado, reprimiendo a algunos hinchas de Peñarol que cometían desmanes en el centro de Montevideo, se hubiese producido bajo un gobierno colorado, los legisladores frenteamplistas ya habrían exigido la renuncia del Jefe de Policía de Montevideo, sin perjuicio de anunciar  la interpelación al Ministro del Interior.

Es cierto que la actuación policial fue enérgica, por decir lo menos; las cámaras de televisión mostraron a los coraceros golpeando duramente a personas a las que no se veía en actitudes agresivas, y que aparentemente fueron apaleadas sólo por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado.

También es cierto que las  declaraciones del Jefe de Policía no fueron muy felices  que digamos. Se entiende la reacción del jerarca, él mismo rozado por una bala calibre 22, pero también es  claro que no debió expresarse en la forma en que lo hizo; entre los deberes no escritos del alto cargo que ocupa, se cuenta el de no desahogarse en público.

Hubo excesos físicos y verbales, pues; de eso yo no tengo dudas.

Sin embargo, no me parece que por ello deba sentarse en el famoso “banquillo de los acusados”  a la Policía, ni a su jefe montevideano.

Días antes de que comenzara a disputarse la serie de partidos entre los dos equipos grandes de nuestro fútbol, la preocupación por lo que pudiera ser el desborde de las hinchadas ya era igual o mayor que el interés por la competencia deportiva.  Tal como fue señalado desde múltiples ámbitos, ese solo hecho constituye un absurdo, un disparate que no debemos resignarnos a aceptar como algo “normal”. Es absolutamente inadmisible que un partido de fútbol se transforme en una amenaza para la paz pública y la tranquilidad de esa inmensa mayoría de ciudadanos, ellos sí normales, que no tienen por qué verse expuestos a que patotas de exaltados, alcoholizados o drogados, pongan en peligro su vida, su integridad física o sus bienes.

Ante esa ominosa y lamentable perspectiva, se planificó un indispensable  operativo policial.

Tal como se previó, la Policía tuvo que actuar.

Desde que se dio la orden correspondiente,  no podía esperarse nada muy distinto de lo que sucedió. La fuerza pública en acción se impone por ser fuerza, no por ser  pública; y la fuerza actúa mediante actos materiales, físicamente, no a través de meras exhortaciones o consejos. En la concreta situación de  choque entre los agentes policiales y la turba exaltada, no hay margen para reclamar miramientos ni consideraciones.  A la hora de la adrenalina, la razón se nubla.

La Policía, como instrumento, se parece más a un hacha que a un bisturí. Por eso hay que pensar  muy bien antes de decidirse a utilizarla; una vez que entra en acción, golpea y lastima.

Se puede optar por no usar el instrumento, y en ese caso la calle queda a merced de los primeros que quieran adueñarse de ella; es el triunfo de la fuerza bruta sobre el orden y el derecho.

O se  puede optar por poner coto a los  desmanes y restablecer el orden, pero en ese caso hay que saber de antemano que la actuación policial dejará, probablemente,  unos cuantos machucones. No puede ser de otra manera: para comer tortilla, hay que romper huevos.

El gobierno frenteamplista acaba de enterarse de que así son las cosas. Enhorabuena. No seremos  los colorados los que les reprochemos lo que nosotros también hubiésemos hecho.

La sociedad uruguaya tiene derecho a que las autoridades la defiendan de la violencia y la prepotencia de los energúmenos que creen que pueden adueñarse de la calle y hacer cualquier cosa.

Ahora que el Frente  Amplio tiene la responsabilidad de mantener el orden público, y debe emplear a la Policía para reprimir duramente a los revoltosos, es  posible que algo tan simple y elemental sea entendido por todos.