Mayorías, minorías y república

En la tarde de ayer,  jueves 3 de junio, la Asamblea General debía designar a los dieciocho legisladores que representarán al Uruguay en el Parlamento del Mercosur (Parlasur).

En el Reglamento de la Asamblea General no está previsto específicamente el procedimiento a seguir para cumplir la tarea indicada. Por lo tanto –y como ocurre en tantas otras situaciones-, a falta de norma especial deben seguirse los principios generales.

En el Uruguay, los principios generales en materia electoral son muy claros y están arraigados desde hace mucho tiempo en la conciencia cívica del país. El primer principio es la libertad, por supuesto, y de la libertad resulta el pluralismo político. El pluralismo se traduce en que las elecciones son disputadas: normalmente hay más de un candidato para ocupar un cargo electivo. Para determinar qué candidato se queda con el cargo, lo que se hace es votar. Y cuando son varios los candidatos y varios los cargos, se vota por listas de candidatos y los cargos se adjudican de manera proporcional a los votos obtenidos. Esa adjudicación se hace, en nuestro país, por el conocido método de los cocientes decrecientes (sistema D’Hondt) que arroja resultados que reflejan fielmente, en la distribución de cargos, las proporciones existentes entre los votos obtenidos por cada una de las listas en pugna.

Ayer, en la Asamblea General, lo que los partidos de oposición pretendían era que se siguiesen esos principios y reglas de siempre, para elegir a los integrantes de la delegación uruguaya al Parlasur. Si se presentaban dos listas, una del gobierno y otra de toda la oposición reunida, y votaban efectivamente todos  los legisladores (supuesto este último que no es tan fácil de cumplir como puede parecer, ya que siempre hay algún ausente), hubiese correspondido adjudicar nueve cargos a la lista oficialista y otros nueve a la lista de la oposición. Con ese resultado, para que la delegación uruguaya pudiera adoptar una posición común en los asuntos que se debaten en el Parlasur, se requeriría el acuerdo entre el gobierno y los  partidos de la oposición, lo cual parece muy sano en materia de política exterior.

Que quede bien claro, pues: lo que la oposición pretendía no era que se le dieran u otorgaran, graciosamente, tantos o cuantos cargos, sino que se votase, se contasen los votos y se adjudicasen los cargos en disputa según la votación obtenida.


Pero el Frente Amplio prefirió imponer su mayoría en la Asamblea General, para apartarse del derecho electoral común en el Uruguay. El oficialismo presentó una moción a la mesa, disponiendo que la delegación uruguaya al Parlasur se integre con diez legisladores del Frente Amplio y ocho de la  oposición (cinco blancos y tres colorados). Es decir, se adjudicaron a sí mismos la mayoría. La moción fue puesta a votación por el Cr. Astori, la mayoría frenteamplista la votó, y así quedó resuelto el asunto.

“Lo que estamos haciendo es democrático”, decían los legisladores oficialistas: “en democracia, manda la mayoría”.

En democracia manda la mayoría, es cierto, pero en la democracia republicana la mayoría respeta el Derecho y se somete a él. Con el criterio que aplicó el Frente Amplio, ayer se podía incluso dejar sin representación a la oposición y ello habría sido tan legítimo como asignarle ocho representantes. Esta es la demostración, por el absurdo,  de que la tesis oficialista no es verdadera. En una república, la representación de las minorías según su caudal electoral no es una concesión graciosa del gobierno, sino un derecho garantizado por la Constitución. El Uruguay es una república y su Constitución garantiza el derecho al sufragio y la representación proporcional, pero ayer el Frente Amplio prefirió olvidarlo y refugiarse en el argumento cavernícola y falso de que la mayoría, por serlo, lo puede todo.

¿Será así que piensan construir la “unión patriótica” que el presidente Mujica reclama?