Ni un muerto más

Cuando en la lluviosa tarde del miércoles pasado salimos de Montevideo rumbo a Río Branco, para estar al día siguiente en el acto en el que nuestro compañero Robert Pereira asumió sus funciones como alcalde de esa ciudad, pensábamos dedicar  esta nota a comentar ese hecho, así como la investidura de Germán Coutinho como intendente de Salto y la renovación de la integración de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.
Por cierto, nos hubiera gustado explayarnos acerca del alto valor democrático y republicano de esos tres episodios, acaecidos entre rostros sonrientes, abrazos y expresiones de buenos deseos.

Lamentablemente, no podemos hacerlo.

Sentimos que es nuestra obligación referirnos a esa tragedia que fue la muerte de doce reclusos, como consecuencia del incendio que se desató en la cárcel de Rocha en la madrugada del jueves.

No reproduciremos aquí la crónica de los hechos, ampliamente difundida estos días. Subrayamos sí que, hace varios meses, los Bomberos habían  señalado que la cárcel de Rocha carecía del equipamiento necesario para combatir un eventual incendio. Y recordamos que, en agosto del año pasado, murieron otros cinco reclusos como consecuencia de otro incendio desatado en el Comcar.

Lo sucedido en Rocha tendrá que ser objeto de una investigación minuciosa, tanto en el plano administrativo como en el judicial; cuesta entender que no se haya podido hacer nada eficaz para impedir que doce personas murieran en una cárcel, es decir, en un lugar donde se supone que están sometidas a la vigilancia de la autoridad pública las 24 horas del día.

El año pasado, la investigación judicial de lo ocurrido en el Comcar terminó en tiempo récord (un día, si la memoria no nos traiciona), sin más consecuencias que el archivo del expediente. Queremos creer que esta vez, aunque más no sea por respeto a los  familiares de las víctimas, las cosas se harán de otra manera. A la luz del resultado de las investigaciones, se sabrá si lo ocurrido fue imprevisible, irresistible y por ende, no imputable a nadie, o si por el contrario hay responsabilidades administrativas, penales o políticas comprometidas en el asunto.

Suponemos que, sin perjuicio de la investigación de lo que pasó, el Ministerio del Interior  ya habrá adoptado medidas   para que no vuelva a suceder algo parecido. Es sencillamente inaceptable que en cada establecimiento de reclusión no haya extintores y los demás elementos necesarios, si  no para evitar incendios, por lo menos para evitar más muertes.

En el INAU, en los hospitales y en todos los demás lugares en los que haya personas que no puedan huir por sus propios medios en caso de incendio (hogares de ancianos, por ejemplo), también hay que actuar con urgencia y energía para impedir nuevas tragedias.
Hay que gastar dinero público en las cárceles, y hay que hacerlo ya. Para ello el Senado sancionará, la semana próxima, el proyecto de Ley de Emergencia Carcelaria que ya aprobó la Cámara de Diputados, con los votos de todos los partidos políticos.

A algunas personas les choca que el Estado gaste dinero en aliviar la situación de los delincuentes presos, mientras hay gente honesta que sufre dificultades y problemas de todo tipo. Quienes así piensan, olvidan que cuando el Estado priva a alguien de su libertad, asume automáticamente el deber de velar por la preservación de su vida e integridad física, cueste lo que cueste. No se puede encerrar a alguien en un calabozo, y dudar después en gastar lo que haga falta para prevenir y apagar incendios. La pena de prisión o penitenciaría no puede incluir la posibilidad de morir quemado.

Sobre estas cosas no debiera tener dudas el país que a principios del siglo XX abolió la pena de muerte. El humanitarismo es de los rasgos mejores de la sociedad uruguaya. Después de la tragedia que acaba de ocurrir, el gobierno, que ya cuenta con el apoyo de los partidos de la oposición, tendrá asimismo el respaldo de la opinión pública para atender eficazmente el problema carcelario.

Si así no lo hiciere, la oposición tendrá el deber de hacer efectiva la responsabilidad política del Ministro del Interior. Quizás no se pueda evitar que haya otros incendios en las cárceles vetustas y superpobladas; pero no puede haber ni un muerto más.